Doble Nacionalidad - ¿renunciar a la anterior nacionalidad?

Por Paul Leon
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11 abr, 2018
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El punto de partida para establecer la relación jurídica entre un Estado y una persona es la nacionalidad, una cuestión de mucha importancia y que goza de protección, no solo a nivel estatal sino a nivel supraestatal. Dicha relación aparece manifestada por el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto dispone: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.”

Los países occidentales cuentan con una regulación tanto de la adquisición y la pérdida de la nacionalidad como de la doble nacionalidad y las situaciones que pueden ocasionarse como resultado de conflictos entre dos nacionalidades de una persona física.

Establecida su importancia, la regulación de la nacionalidad en las Leyes Españolas está presente en los artículos 17 a 28 del Código Civil que comprenden el Título primero del Libro primero. La rúbrica del título “De los españoles y extranjeros” es muy indicativa de la relación estrecha existente entre las normas de derecho civil que regulan el tema con las normas de derecho internacional.

Se puede diferenciar entre dos formas de adquirir la nacionalidad, una de origen que podría ser por el nacimiento de una persona de padre o padres cuya nacionalidad o nacionalidades le atribuye el derecho al recién nacido a la adquisición inmediata de una nacionalidad o por el hecho de nacer en un territorio determinado, situaciones en las que se le concede el derecho de adquirir la nacionalidad de dicho territorio; y la otra forma es la adquirida posteriormente al nacimiento o por naturalización.

Como el fin de este trabajo es analizar situaciones de la doble nacionalidad, no procede aquí entrar en los detalles del procedimiento de adquirir la nacionalidad por una vía u otra o las condiciones que se deben cumplir, pero conviene matizar que, en el caso de la norma española, la adquisición de la nacionalidad por filiación y en virtud del principio de igualdad entre sexos garantizada en el artículo 14 de la Constitución, no se hace distinción ninguna entre el padre o la madre. Por lo tanto, el nacido en España de un progenitor español, a parte de la nacionalidad de nuestro país, podría ostentar otra nacionalidad, también originaria, si el otro progenitor es ciudadano de un país cuya norma, igual que la española, le permite atribuirle la nacionalidad a su hijo/a. Lo que se traduce, en realidad, en el primer supuesto de doble nacionalidad que, teniendo en cuenta la movilidad demográfica transfronteriza cada día más frecuente, puede producirse dentro de nuestra frontera.

A cambio, cuando una persona nace en España de padre y madre españoles, es español de forma originaria y se somete automáticamente al ordenamiento jurídico español. Si esta persona no se decide voluntariamente a salir, a vivir o a trabajar en otro país, nunca será sujeta a ninguna norma que no forma parte del ordenamiento jurídico español o haya sido aceptada por el estado español de una forma fehaciente, y las leyes españolas le serán aplicables en todos los aspectos de su vida sociales y políticos.

Sin embargo, cuando una persona, y por ciertas circunstancias, ostenta más de una nacionalidad, está sometida a varios ordenamientos jurídicos, lo que se suele llamar la doble nacionalidad.

La doble nacionalidad puede producirse por varias circunstancias, algunas previstas en las normas y otras no previstas, aunque existentes. La doble nacionalidad es la conexión de una persona a más de un ordenamiento jurídico. La cuestión no es baladí ya que, en muchos ordenamientos jurídicos, entre ellos el español, la “ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad.” (art. 9.1 del Código Civil). La ley personal de la persona física es, según el mismo artículo 9.1 del antes citado de Código Civil Español, la que “regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte”. Para explicar un poco, según las normas que contiene la ley personal de cada persona, puede estar sujeta a diferentes series de Derechos y Obligaciones que regulan las relaciones jurídicas antes mencionadas, y que enseguida las voy a explicar muy brevemente.

Por la capacidad se entiende todos los asuntos relacionados con la mayoría y minoría de edad y la incapacitación. El estado civil trata las relaciones sociales resultante del hecho de estar soltero o casado para, entre otras cosas, evitar la bigamia, que, en España, según el artículo 217 del Código Penal, es un delito penado con prisión de seis meses a un año; o regular el régimen económico y de propiedades en común entre conyugues. Los derechos y deberes de familia, como por ejemplo la atención del interés familiar, la ayuda y socorro mutuo y la corresponsabilidad doméstica, etc. Finalmente, la sucesión por causa de muerte trata la división de la herencia de la persona fallecida.

Volviendo a la doble nacionalidad, podemos diferenciar entre dos tipos; por una parte, tenemos la doble nacionalidad convencional o prevista y regulada por las leyes española, y por otra parte tenemos la doble nacionalidad patológica que no esta prevista por las normas españolas.

La importancia de la cuestión de la doble nacionalidad en España ha incitado a los constituyentes a prever en el artículo 11.3 de la Constitución la posibilidad de “concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen”. Actualmente España tiene celebrados 13 convenios que han sido modificados por protocolos adicionales con las Repúblicas de Chile, Perú, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Argentina, Colombia y República Dominicana. Dichos convenios contienen normas bilaterales que regulan el procedimiento para adquirir la condición y el alcance de la doble nacionalidad.

Prevista por los convenios la condición de doble nacional, estos califican la nacionalidad del domicilio como la dominante. Como resultado, solamente una de ellas tiene plena eficacia y todos los derechos que de la nacionalidad originaria se derivan quedan en suspenso, de modo que, frente al estado español no podrán invocarse simultáneamente ambas nacionalidades. Aunque algunos de los posteriores protocolos han llegado a suavizar esta condición, el concepto de la nacionalidad dominante sigue en práctica no solo por las normas bilaterales sino también por el artículo 9.9 del Código Civil, cuyo texto literal es: “A los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales, y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida”.

Fuera de los casos previstos mediante convenios celebrados entre España y los países Iberoamericanos, el artículo 24 del Código Civil establece la compatibilidad entre la nacionalidad Española y la de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, sin embargo, para determinar la ley personal de los dobles nacionales Españoles y de alguno de los países antes mencionados, es de aplicación la primera parte del segundo apartado del artículo 9.9 del Código Civil “Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales”.

En resumen, cuando un sujeto ostenta la nacionalidad de alguno de los países Iberoamericanos, la de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y posteriormente adquiere la nacionalidad española, conserva su nacionalidad de origen, pero la nacionalidad española será la dominante. Por tanto, a efectos de determinar la ley personal que rige la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia, la sucesión por causa de muerte y los efectos del matrimonio, serán de aplicación las leyes españolas.

Ahora bien, ¿qué sucedería cuando un individuo posee una nacionalidad no incluida en el anterior grupo decide trasladarse a nuestro país, y tras residir unos años o contraer matrimonio con un español o una española, opta por adquirir la nacionalidad española? Realmente son los casos de la mayoría de los extranjeros que convierten a España en su país de residencia permanente. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2017, la mayoría, (aproximadamente el 50%) de los extranjeros en España eran ciudadanos de Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Italia y China. El artículo 23 del Código Civil declara que es requisito para la validez de la adquisición de la nacionalidad española la renuncia a la anterior nacionalidad, sin especificar donde debe efectuarse la renuncia ni ante quien ni donde se debe inscribir. Conviene aclarar en este punto que actualmente en España, en el procedimiento de la adquisición de la nacionalidad, la renuncia se hace ante el Juez Encargado del Registro Civil en virtud del artículo 12 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

Creo que la situación habrá de ser estudiada desde dos perspectivas diferentes, en primer lugar ¿qué efectos tendrá el hecho de adquirir la nacionalidad española sobre su nacionalidad de origen después de haber efectuado una renuncia ante el Juez Encargado del Registro Civil Español?, y en segundo lugar como ¿afectaría su situación como español tener otra nacionalidad no prevista en convenios bilaterales?

Para dar respuesta al primer punto hay que tener en cuenta, en primer lugar, la regularización del tema en las normas del Derecho Internacional Público donde es un principio de Derecho, recogido en tratados supranacionales, que cada Estado establece unilateralmente sus propios criterios sobre quiénes son sus nacionales y quienes dejan de serlo, así como sobre las propias vicisitudes de la nacionalidad: adquisición, conservación, recuperación y pérdida. De otra parte, que la renuncia a la nacionalidad de un estado debe ser “autorizada” por el estado cuya nacionalidad se pretende renunciar (Art. 6 de la Convención de La Haya sobre ciertas cuestiones relativas al conflicto de leyes de nacionalidad de 1930), o “permitida” por el estado cuya nacionalidad se pretende renunciar (Art 8 el Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997).

En segundo lugar, los ordenamientos jurídicos de los países de origen de donde proceden la mayoría de los solicitantes de la nacionalidad española no contemplan normalmente una norma que supone la pérdida automática de la nacionalidad por adquirir una nueva. Por ejemplo, la ley 21 de 1 de marzo de 1991 en relación con la nacionalidad rumana, enumera en el capítulo 5 los supuestos de pérdida de la nacionalidad, que no comprenden la pérdida por la adquisición posterior de otra nacionalidad. En el caso del Reino de Marruecos, el artículo 19 de la ley 1.58.250 de 6 de septiembre de 1958 contempla varios casos de la opción renunciar a la nacionalidad por la adquisición de una segunda nacionalidad, pero siempre previa autorización por parte de las autoridades marroquíes de la renuncia mediante un decreto. En el caso del Reino Unido, la renuncia ha de ser solicitada, y las autoridades británicas, si acepta la solicitud, emitirá una “declaración de renuncia”.

En el caso de la república italiana, el artículo 11 de la ley 91/1992 prevé la posibilidad de renunciar a la nacionalidad italiana por poseer otra nacionalidad siendo mayor de 18 años, renuncia que se tiene que formalizar frente a un funcionario del Estado italiano o agente consular y dos testigos. En línea similar lo estipulan los artículos 10 y 12 de la Ley Nacional para Renunciar la Nacionalidad de la República Popular de China calificando la renuncia como un acto bilateral donde ambos, el individuo y el estado deben consentir.

Finalmente, haré referencia al caso de los dobles nacionales españoles estadounidenses. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) requiere que la renuncia formal de la nacionalidad tenga lugar frente a agente consular o diplomático, fuera de los Estados Unidos (act. 349.a.5), o frente al Departamento de Seguridad Nacional (act. 349.a.5). Sin embargo, el mismo artículo declara que un nacional de los EE.UU, ya sea por nacimiento o por naturalización, perderá su nacionalidad si voluntariamente y después de cumplir los 18 años de edad: 1. Adquiere por naturalización la nacionalidad de un estado extranjero, o 2. Jurar o declarar formalmente la lealtad a un estado extranjero o a una subdivisión política de la misma, siempre y cuando, cualquiera de los dos hechos se realiza con la intención de renunciar a la nacionalidad de los Estados Unidos de América. El elemento subjetivo de tener la intención de renunciar es el que determina si se produce o se produce la renuncia. El Departamento de Estado de los EE. UU. ha adoptado una presunción administrativa de que los nacionales de los Estados Unidos tienen la intención de conservar su nacionalidad de origen cuando obtienen por naturalización la de un estado extranjero o declaran su lealtad a un estado extranjero. De acuerdo con dicha presunción administrativa, cuando un individuo comete uno de los actos anteriores, esa persona retendrá la nacionalidad norteamericana a menos que él o ella afirme, explícitamente e inequívocamente la intención de renunciar a tal nacionalidad. Cuando, como resultado de una investigación de un individuo o de una solicitud para un pasaporte, viene a la atención de un funcionario consular de los Estados Unidos que un nacional ha realizado un acto hecho potencialmente expatriado descrito anteriormente, el funcionario consular simplemente le preguntará al solicitante si tiene la intención de renunciar a la nacionalidad norteamericana cuando realice el acto. Si la respuesta es negativa, el funcionario consular anotará que no fue la intención de la persona renunciar a la nacionalidad norteamericana y, consecuentemente, anotar que la persona ha conservado la nacionalidad estadounidense (Página web oficial del U.S. Department of State).

En resumen, 1. La renuncia de la nacionalidad es un derecho que puede invocar cualquier ciudadano ante el mismo Estado a cuya nacionalidad se pretende renunciar, que de ninguna forma será automática ya que se deben cumplir una serie de condiciones. 2. La renuncia de la nacionalidad de un estado hecha ante un funcionario de otro estado no tiene validez ya que carece de competencia, por lo tanto, renunciar una nacionalidad que no sea la española ante el Juez encargado del Registro Civil español no tiene eficacia.

Asentado que el hecho de adquirir la nacionalidad española no afecta a la nacionalidad de origen, que seguirá válida, pasamos a analizar el segundo punto: ¿Cómo afectaría a su situación como español tener otra nacionalidad, no renunciada, no prevista en convenios bilaterales?

No es cierto como evocan algunos juristas que la concurrencia de doble o múltiple nacionalidad junto a la nacionalidad española, fuera de los casos permitidos en el Código, está prohibida, puesto en primer lugar que el mismo Código reconoce esta posibilidad su artículo 9.9 al especificar concretamente que “Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales”, y en segundo lugar el Código utiliza las palabras “prevista en las leyes españolas” y no permitidas por las leyes españolas.

Desde 1895 el Instituto de Derecho Internacional, en su reunión de Cambridge proclamó que “los Estados que, a sabiendas de que un individuo posee ya o adquiere simultáneamente otra nacionalidad, le confieren la suya, no violan una costumbre internacional ni uno de los principios generales del Derecho aplicables por los Tribunales internacionales”.

Son múltiples los casos donde un ciudadano ostenta una nacionalidad aparte de la española no prevista en los tratados. Por ejemplo, el hijo de un norteamericano casado con española adquirirá ambas nacionalidades de forma originaria, de ninguna manera se puede calificar el hecho como prohibido.

Así que estamos ante un supuesto de doble nacionalidad de la que doctrinalmente se llama patológico, o no previsto en las leyes españolas y por lo tanto no se puede estar a lo que determinan los tratados internacionales y consecuentemente, de nuevo, se aplica el segundo párrafo del artículo 9.9 del Código Civil: “Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales”.

Entonces, ¿qué naturaleza tiene la renuncia frente al Juez Encargado del Registro Civil? En primer lugar es una renuncia simbólica, y en segundo lugar es una manifestación de una voluntad incuestionable de adquirir el estatuto personal de nacional español en lugar de extranjero al cual, y para dotar de estabilidad su relación con el estado español y en sus relaciones familiares, le serán aplicables solamente las leyes españolas como ley personal para determinar, entre otros, el régimen de capacidad, estado civil, los derechos y deberes familia y la sucesión por causa de muerte tal y como los enumeran en artículo 9.1 del Código Civil.

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